La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ha dado un paso significativo al avanzar con un dictamen que busca ratificar la versión original de la ley opositora que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta ley, que fue aprobada por la Cámara alta en septiembre, sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, lo que ha generado un intenso debate entre los legisladores.

Radicales y peronistas disidentes han sido los principales impulsores de esta iniciativa, mostrando su descontento con el actual gobierno. Sin embargo, la firma en disidencia del kirchnerismo ha sorprendido a muchos en la comisión, generando incertidumbre sobre el futuro tratamiento de la ley en el recinto.

Cuando una norma es aprobada por el Senado y enviada a Diputados, esta puede ser sancionada o modificada. En este caso, se realizó un cambio en un artículo que ahora debe ser revisado nuevamente por el Senado. Los senadores, como Alejandra Vigo, titular de Asuntos Constitucionales, y Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR, han expresado su deseo de revalidar la versión original de la ley.

La legisladora Florencia López, del Frente de Todos, ha manifestado su apoyo en disidencia, sugiriendo que insistir en el mismo texto sin considerar las modificaciones de Diputados podría resultar en un veto del Ejecutivo. López advirtió que esto podría llevar a que la ley “dure poco”, lo que fue recibido con incredulidad por otros senadores presentes.

El proyecto de ley busca establecer un plazo de 90 días para que los DNU sean aprobados por ambas Cámaras, con la condición de que se requiera una mayoría absoluta. Actualmente, si ninguna de las Cámaras rechaza un DNU, este continúa en vigor indefinidamente. Además, se propone que cada decreto se refiera a un área específica, evitando así la acumulación de temas en un solo DNU.

Esta iniciativa se presenta como una respuesta a lo que la oposición considera un abuso por parte del presidente Javier Milei en el uso de DNU. La ley, que fue impulsada originalmente por Cristina Kirchner en 2006, ha sido utilizada por diversas administraciones a lo largo de los años. La oposición ahora busca revisar esta práctica, que ha estado en vigor durante casi 20 años.

En la Cámara de Diputados, el artículo que establecía el plazo de 90 días no logró alcanzar la mayoría absoluta. Ante esta situación, los exdialoguistas del peronismo disidente han optado por insistir en la versión original de la ley. La estrategia de la oposición se basa en la compleja reconfiguración que enfrentará en Diputados a partir de diciembre, lo que hace que priorizar la modificación en el Senado sea crucial en este momento.