En medio de un nuevo paro de transportistas, el gobierno de José Jerí promulgó una norma del Congreso orientada a enfrentar los casos de extorsión que afectan específicamente a las empresas de transporte urbano.
Sin embargo, parte de esas acciones implicaría un acceso a “ exoneraciones temporales ” que, aunque no se señala expresamente que sería de impuestos, sí se agrupan dentro de una serie de beneficios económicos que van desde el otorgamiento de “créditos blandos” -posiblemente otorgados por el Banco de la Nación - y financiamiento de reparaciones. Todo para "mitigar los efectos económicos que enfrentan las empresas o personas naturales víctimas de delitos de extorsión o sicariato", según lo indicado en el artículo 5 de la norma .
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