El 6 y 7 de noviembre de 1985, Bogotá fue escenario de un trágico episodio conocido como la toma del Palacio de Justicia, un ataque perpetrado por el Movimiento 19 de abril (M-19). Este hecho dejó un saldo de víctimas que aún hoy es objeto de debate. Según la Comisión de la Verdad, el ataque buscaba presentar una "demanda armada" ante los magistrados y realizar un "juicio público" contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Las cifras de muertos varían: mientras que datos oficiales reportan 94, otros como el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, que lideró la retoma, mencionan 105, y el general (r) Miguel Vega Uribe, 115.

En este contexto, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien fue parte del M-19, ha hecho declaraciones significativas sobre los eventos. En un interrogatorio ante la Comisión de la Verdad, revelado recientemente, Petro afirmó que la guerrilla consideraba que sus acciones militares eran necesarias para abrir un camino hacia diálogos de paz con el Estado. "El M-19 entendía que el objetivo político era construir un país democrático", expresó. Petro también mencionó que, antes de la toma, el M-19 había firmado una tregua con el gobierno, la cual fue violada por un ataque militar, lo que él considera una "traición del Gobierno".

El presidente argumentó que, durante la toma, las balas que causaron la muerte de los magistrados no provenían de armas del M-19, sugiriendo que las fuerzas del Estado podrían haber estado involucradas. "Las balas encontradas en los cuerpos no son de armas del M-19", afirmó. Además, Petro rechazó la idea de que la operación estuviera financiada por el narcotráfico, defendiendo que el M-19 actuó sin la influencia de dinero del crimen organizado.

Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, respondió a las afirmaciones de Petro sobre el magistrado Manuel Gaona Cruz, quien según el presidente, salió con vida del Palacio. Ibáñez Najar insistió en que "debemos acudir a fuentes y las fuentes no mienten", refiriéndose a informes judiciales que concluyen que Gaona murió en el interior del Palacio. En un evento conmemorativo, el magistrado calificó la toma como un "acto terrorista" y subrayó la falta de verdad y justicia en el caso, recordando que 40 años después, la deuda de justicia sigue abierta.

La controversia sobre la toma del Palacio de Justicia continúa, con diferentes versiones sobre lo ocurrido y la responsabilidad de los actores involucrados. Mientras Petro defiende la postura del M-19 como una respuesta a la traición del gobierno, las autoridades judiciales insisten en que la historia debe ser contada con base en hechos documentados y no en interpretaciones políticas. La búsqueda de verdad y justicia sigue siendo un tema candente en la sociedad colombiana, a medida que se conmemoran cuatro décadas de uno de los episodios más oscuros de su historia reciente.