El gobierno del presidente Gustavo Petro está considerando una solicitud de diálogo con el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. Esta petición fue presentada hace casi un mes y ha sido revelada por la revista SEMANA. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha respondido a esta solicitud, dejando la decisión final en manos del presidente Petro.

Larry Amaury Álvarez, conocido como Larry Changa y uno de los fundadores del Tren de Aragua, es quien ha solicitado participar en estas negociaciones. Actualmente, se encuentra detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de su extradición a Chile, que ya ha sido aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, su extradición depende de la firma del presidente Petro, quien también debe decidir sobre la solicitud de diálogo.

La respuesta de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, fue sorprendentemente positiva. En un comunicado, se destacó el "interés genuino" de Álvarez en participar en la política pública de paz del gobierno. El documento, firmado por Daniel Fernando Eslava, asesor de la oficina, subraya que la Ley 2272 de 2022 otorga al presidente la autoridad para definir los lineamientos de reconciliación y paz.

"Conforme a lo establecido en la Ley 2272 de 2022, es el Presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz", se menciona en la respuesta. Esto implica que cualquier acercamiento o negociación con grupos armados organizados dependerá de la voluntad del presidente.

La carta de Álvarez, enviada el 11 de octubre, propone colaborar en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales. En ella, se presenta como vocero autorizado del Tren de Aragua, lo que añade un nivel de complejidad a la situación.

La posibilidad de negociar con una organización criminal como el Tren de Aragua plantea interrogantes sobre la estrategia de paz del gobierno de Petro. La decisión final sobre este asunto recae en el presidente, quien deberá sopesar las implicaciones de abrir un canal de diálogo con un grupo de esta naturaleza.