El avance de la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) marcó una transformación en la política habitacional vinculada a la gestión estatal de activos inmobiliarios. La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de casas y departamentos que, aunque concluidos en diferentes etapas del programa, nunca recibieron adjudicatario. El sector público abrió la posibilidad de adquirir estas propiedades a través de subastas públicas electrónicas administradas en línea.

A través de una serie de resoluciones, el Estado impulsó la transferencia de inmuebles remanentes por medio de mecanismos virtuales. Esta acción se inscribió en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en la li

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