La Administración Trump ha reconocido lo evidente ante el Congreso de EEUU: que no tiene base legal que apoye ataques sobre Venezuela. Miembros de la administración Trump informaron este miércoles en el Congreso que no tienen previsto, de momento, lanzar ataques dentro de Venezuela y que aún no cuentan con una base legal que avale ataques contra objetivos terrestres, según fuentes de CNN familiarizadas con la sesión informativa llevada a cabo por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y un integrante de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca.

Durante la sesión a puerta cerrada, se informó a los legisladores de que el dictamen elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia para justificar los ataques contra presuntos barcos narcotraficantes, que adelantó la CNN en octubre, no permite ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio, según informa la cadena de noticias.

La “orden de ejecución” que dio inicio a la campaña militar estadounidense contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental en septiembre tampoco se extiende a objetivos terrestres, según informaron los ponentes, informa CNN.

El dictamen actual de la OLC incluye una lista de 24 cárteles y organizaciones diferentes de América Latina que, según el documento, la Administración está autorizada a atacar.

Sin embargo, la Administración Trump está buscando un dictamen jurídico independiente del Departamento de Justicia que justifique el lanzamiento de ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de pedir al Congreso que autorice el uso de la fuerza militar, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión para llevar a cabo un ataque dentro del país, según fuentes de la Administración estadounidense citadas por CNN.

El propio presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido esquivo muchas veces con este asunto.

Este domingo, Trump contestaba así a los periodistas en el Air Force One, que le llevaba desde Florida a Washington DC, sobre los planes para atacar Venezuela: “¿Cómo puedo responder a una pregunta así? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo? ¿Sinceramente?: 'Sí, tenemos planes, tenemos planes muy secretos'. ¿Quién diría eso? ¿Sabe qué clase de pregunta es esa? Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

En una entrevista con 60 Minutos, de CBS,  emitida este domingo por la noche, la periodista, Norah O'Donnell, intenta repreguntar varias veces por los ataques a Venezuela a Trump, quien se ha mostrado esquivo: “No te voy a decir eso. No digo que sea verdad o mentira, pero... ya sabes, yo no...no me inclinaría a decir que lo haría. Pero porque no le cuento a un periodista si voy a atacar o no. No te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”.

La acumulación de recursos militares en el Caribe, a la que pronto se sumará el Grupo de Ataque del Portaaviones Ford, ha suscitado dudas sobre si Estados Unidos tiene intención de atacar dentro de Venezuela y cometer una operación para deponer al presidente Nicolás Maduro al frente del país.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo 16 ataques informados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre, en los que han muerto al menos 67 personas. Unos asesinatos extrajudiciales en los que la Administración Trump no ha aportado ninguna prueba de los supuestos delitos que se atribuyen, ni la identidad de las personas muertas, ni el rastro de la supuesta carga transportada.

Votación en el Senado

Este mismo jueves tendrá también lugar una votación en el Senado de EEUU sobre una resolución conjunta pactada por demócratas y republicanos contra una intervención militar en Venezuela. La resolución ha sido impulsada por los senadores Tim Kaine (Demócrata de Virginia), Rand Paul (Republicano de Kentucky) y Adam Schiff (Demócrata de California).

La resolución de Poderes de Guerra Kaine-Paul, S.J.Res. 90 , pide “ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

El texto explica que “el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, de conformidad con el artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de los Estados Unidos” y que “el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni a ninguna persona u organización dentro de Venezuela, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro o contra Venezuela”.

La resolución destaca la “autorización, divulgada públicamente, para que la Agencia Central de Inteligencia realice operaciones letales encubiertas en Venezuela, el significativo aumento de recursos, personal y operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las proximidades de Venezuela, y las declaraciones de miembros del Gobierno de Estados Unidos sobre la planificación de ataques terrestres en Venezuela”. Todo ello, según los promotores del texto, “indica la inminente participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro de Venezuela o contra ella”.

En este sentido, “la cuestión de si las fuerzas estadounidenses deben participar en hostilidades dentro de Venezuela o contra ella debe responderse tras una sesión informativa completa ante el Congreso y la ciudadanía estadounidense sobre los asuntos en juego, un debate público en el Congreso y una votación en el Congreso, según lo previsto en la Constitución”.

Por todo ello, la resolución concluye: “El Congreso ordena al presidente que ponga fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dentro de Venezuela o contra ella, a menos que esté expresamente autorizado mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

Decenas de colectivos sociales escriben a los senadores

Más de cuarenta organizaciones y colectivos sociales y políticos han escrito una carta a los senadores de EEUU para pedir su apoyo a la resolución que busca evitar una guerra o un conflicto militar no autorizado en Venezuela.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recuerdan que “la Constitución y la Resolución de Poderes de Guerra (WPR, por sus siglas en inglés) de 1973 establecen que es el Congreso —y no el presidente— el que debe autorizar cualquier guerra o acciones militares ofensivas”.

“Además de no estar autorizada y de ser inconstitucional, una acción militar en contra de Venezuela es extremadamente impopular entre el pueblo estadounidense”, afirman en la carta: “El 55% de los estadounidenses se opone a una invasión militar a Venezuela, mientras que solo el 15% la apoyaría. Con respecto a una acción militar por parte de Estados Unidos para derrocar a Maduro, solo el 18% la respaldaría, mientras que el 46% de los estadounidenses se opone. Un 37% de los estadounidenses rechaza que se lleven a cabo operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, otro 36% no está seguro, y solo un 28%”.

Las entidades sociales también alertan de “las consecuencias —desplazamientos masivos, inestabilidad regional, aumento del crimen y proliferación de armas—” que “se sentirían de forma más directa en toda la región” en caso de un ataque de EEUU: “La política de Estados Unidos no debe —ni intencional ni inadvertidamente— agravar las condiciones que obligan a los venezolanos a huir, ni desalentar a quienes deseen regresar. La historia demuestra que las guerras de cambio de régimen impulsadas por Estados Unidos agravan las crisis de refugiados, no las resuelven”. 

“Como sucedió con la votación de 2002 que dio paso a la guerra de Irak, las generaciones futuras recordarán quiénes se opusieron a la guerra y quiénes contribuyeron a allanarle el camino”, afirma la carta: “Quienes voten en contra de esta resolución corren el riesgo de ser recordados como responsables de haber permitido una guerra que agravaría aún más la inestabilidad, la violencia, el crimen y las crisis migratorias en nuestro hemisferio —con consecuencias políticas también dentro de Estados Unidos”.

Entre los firmantes se encuentran el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Action Corps, Antiwar.com, Justice Democrats, Libertarian Institute, Quincy Institute for Responsible Statecraft, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, Veterans For Peace y World BEYOND War, entre otras.