El Gobierno del Perú ha aprobado el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que establece medidas extraordinarias para garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos. Estas acciones buscan generar ahorros estimados en 1.200 millones de soles durante el presente año fiscal. El objetivo es cumplir con la regla fiscal del 2025, que establece un déficit máximo del 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI). La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que estas disposiciones son fundamentales para asegurar una gestión responsable del gasto público. "La austeridad es una herramienta para proteger la estabilidad económica y asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado", afirmó durante su intervención en CADE Ejecutivos 2025. El decreto, que estará vigente desde el 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, incluye tres medidas prioritarias. Primero, establece un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras desde la publicación de la norma. Segundo, modula el gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad y consultorías. Tercero, prioriza el gasto en inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales. Estas restricciones temporales afectan tanto el gasto corriente como el de capital, garantizando que los recursos se destinen a sectores productivos y servicios esenciales. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha aclarado que las obligaciones sociales esenciales, como las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial y el Seguro Integral de Salud (SIS), no se verán afectadas. Además, el decreto permite al MEF reasignar los recursos generados a la Reserva de Contingencia, lo que refuerza la capacidad del Estado para responder a eventualidades sin comprometer el equilibrio fiscal. En cuanto a la inversión pública, se priorizarán los proyectos con expediente técnico aprobado o contrato suscrito, asegurando la continuidad de las obras en curso. Miralles subrayó que este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, lo cual es esencial para mantener el grado de inversión del país y las condiciones favorables de financiamiento. Esto permitirá destinar más recursos a las prioridades sociales y a la reactivación económica con responsabilidad fiscal.