Una reciente modificación en la legislación laboral, que autoriza a las empresas a aplicar descuentos al salario de los empleados en situaciones de incapacidad médica de origen común, ha encendido las alarmas en el panorama laboral del país.

La normativa, que busca optimizar la gestión de recursos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y reducir el ausentismo laboral prolongado, introduce cambios significativos en el reconocimiento y pago de los auxilios económicos, impactando directamente el mínimo vital de miles de trabajadores.

La clave de la preocupación radica en la estructura de los pagos de las incapacidades por enfermedad general. Aunque el sistema de seguridad social ha establecido históricamente una distribución de responsabilidades entre el empleador, la EPS y, en casos pr

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