La libertad de empresa no es sólo un principio económico, sino una manifestación esencial de la libertad individual. Implica poder emprender, asumir riesgos, reorganizar una compañía en dificultades y competir en el mercado sin que el Estado actúe como tutor. Sin embargo, en España, este principio –reconocido formalmente en el artículo 38 de la Constitución– ha ido siendo erosionado, no tanto por su negación explícita, sino por un entramado normativo y administrativo que la convierte en una ficción jurídica. Entre las herramientas más dañinas para esa libertad se encuentra la legislación concursal.

El espíritu original del derecho concursal debía ser proteger la continuidad de las empresas viables, dándoles una segunda oportunidad, ordenar la liquidación de las inviables y garantizar, en

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