Mientras el Gobierno y la Comunidad de Madrid reabren una guerra de declaraciones por la implantación de un registro de objetores al aborto , Cataluña emerge como una anómala vanguardia .

La comunidad autónoma, que registra la tasa de abortos más alta de España , ha sido de las primeras en aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, y el resultado ha dejado una cifra inaudita: solo seis profesionales sanitarios se han inscrito formalmente como objetores de conciencia.

Este dato, que debería ser la prueba definitiva de la salud pública del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ( IVE ), choca de bruces contra la realidad. La objeción individual es mínima, pero la objeción institucional , impulsada desde patronatos religiosos de hospitales clave , sigue

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