Cuatro años ha tardado la justicia en resolver el recurso de Movimiento Ciudadano en el que el partido de ideología cartagenerista denunciaba el pacto de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cartagena en 2021 con seis tránsfugas del PSOE. “Esta sentencia confirma, como ya marcaba la doctrina del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2020, que los tránsfugas no pueden ser beneficiados ni con competencias ni con retribuciones, que es lo que hizo Noelia Arroyo (PP)”, alcaldesa entonces (y ahora) en el Consistorio de Cartagena, se queja al otro lado del teléfono el líder de MC, Jesús Jiménez Gallo.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena, a través de la sentencia 129/2025, ha declarado ilegales los tres decretos en los que Arroyo designaba competencias y sus retribuciones salariales a los seis tránsfugas socialistas y que, por lo tanto, no cumplían con la Ley de Bases del Régimen Local. “Al abandonar el partido no se les podía fijar salarios ni asignar funciones dentro del gobierno municipal, no les correspondía; lo único que podían es mantener su acta, pero nada más”, insiste en declaraciones a elDiario.es Región de Muria, Jiménez Gallo.

Gallo recuerda que esas elecciones, las de 2019, las ganó en el Ayuntamiento de Cartagena su partido, con José López, exalcade de Cartagena, todavía como líder de la formación. Obtuvieron ocho concejales. “El PP había conseguido siete, el PSOE, seis y Ciudadanos, dos, y pactaron para investir a Ana Belén Castejón (entonces en el PSOE) alcaldesa, pero dos años más tarde renunció a la alcaldía y pusieron en marcha la maniobra”. El pacto le valió a Castejón y sus ediles la expulsión del PSOE.

Castejón renunció a la alcaldía para dejar paso a la investidura de Arroyo, por aquel entonces vicealcaldesa, y dar cumplimiento al pacto secreto entre los tres partidos.

Condena al Ayuntamiento a asumir las costas

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se afirma que los decretos de la alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local no fueron conformes a derecho y se condena al Ayuntamiento a pagar los 500 euros de las costas del procedimiento. El PP, por su parte, ya ha anunciado a través de su portavoz, Ignacio Jáudenes, que van a recurrir la sentencia. A su entender, “las decisiones de la legislatura pasada no representan ningún caso de transfuguismo como los previstos en acuerdos políticos y en sentencias anteriores”.

Según Jáudenes, “un tránsfuga es un concejal que vende su voto para dar el gobierno a otro partido” pero “lo que ocurrió en Cartagena fue un pacto entre el PSOE y el Partido Popular para gobernar, y fue el PSOE el que expulsó después a los concejales”.

Sin embargo, según lo dictado por el contencioso-administrativo nº 1 de Cartagena, “sus poderes tanto políticos como económicos en el momento de dictarse los decretos de 2021 debían quedar circunscritos a los que la jurisprudencia indica que pueden tener este tipo de concejales (los no adscritos), esto es, únicamente aquellos derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por los electores”.

Aunque Noelia Arroyo “no es alcaldesa ahora con esos votos, sí que creemos que se ha beneficiado de esa situación para presentarse a las elecciones desde la alcaldía y que se ha adulterado la democracia en Cartagena”, critica Jiménez Gallo, quien ha confiado en que la justicia no tarde otros cuatro años en resolver el recurso del PP. El líder de MC recuerda, además, que al anularse el pacto, “también se anularían los sueldos percibidos durante su mandato, cuando la sentencia sea firme”.

Por su parte, el portavoz socialista en Cartagena, Manolo Torres, ha considerado que la sentencia corrobora que Noelia Arroyo “compró la Alcaldía de Cartagena con los votos de seis concejales tránsfugas que no eran legítimos” y ha exigido su dimisión: “Es la principal culpable de esta situación”. Torres ha recordado, además, que desde los órganos del PSOE se advirtió a los concejales tránsfugas de lo que podía ocurrir si investían a Noelia Arroyo alcaldesa, “pero no hicieron caso y son responsables de abrir el Gobierno de Cartagena al PP y a Vox”.

En las pasadas elecciones de 2023, el PP fue la fuerza más votada en Cartagena, con diez ediles, frente a los ocho de Movimiento Ciudadano. Por su parte, Castejón solo obtuvo un edil con su nuevo partido Sí Cartagena. El PP ha conservado la alcaldía en el municipio gracias a un pacto con Vox.