Durante una rueda de prensa, Valenzuela explicó que la carpeta de investigación se refiere al presunto desvío y uso indebido de 98.6 millones de pesos provenientes de participaciones federales que, al ser transferidas al Estado, se convierten en recursos del erario local.

“El defender la competencia de la Fiscalía de Chihuahua no es un acto político, sino una obligación legal. Estamos protegiendo la autonomía que la Constitución nos otorga”, afirmó el fiscal.

Agregó que la dependencia estatal considera que tanto la intervención del Ministerio Público Federal como la del juez federal Roberto Antonio Alcoverde fueron irregulares, pues —dijo— intentaron sustraer el caso de manera indebida. “Se pretendía otorgar un pase de salida al imputado, y eso no lo vamos a permitir”, subrayó Valenzuela

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