Desde diciembre de 2023, con el cambio de gobierno, comenzaron a implementarse diferentes medidas de flexibilización en el acceso a armas: la baja en la edad mínima para ser legítimo usuario, de 21 a 18 años; facilitar al máximo los trámites para acceder a un arma y así obtener una “tenencia exprés”; y la eliminación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para volver al Registro Nacional de Armas (Renar), lo que implica la pérdida estatal de control y de diseño de políticas de prevención.

A estas medidas se sumó recientemente la posibilidad de que civiles accedan a armas semiautomáticas. Se trata de fusiles, símil fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de uso militar, con calibre superior a .22 LR, que antes estaban reservadas a las Fuerzas Armadas.

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