La congresista Lucinda Vásquez, del partido Juntos por el Perú, se encuentra en el centro de un escándalo por la presunta venta de pruebas de nombramiento docente del 2021. Según un reportaje de Cuarto Poder, chats de WhatsApp y testimonios revelan que Vásquez habría ofrecido a docentes de su región, San Martín, acceso a la prueba a cambio de S/3 mil. La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación sostiene que la parlamentaria es autora del delito de tráfico de influencias agravado. Los mensajes indican que el médico Luis Zafra y el profesor Jorge Fasanando fueron los encargados de llevar a cabo la venta de los exámenes. Un testigo anónimo afirmó que la venta fue coordinada por Vásquez y que el material se distribuyó en la madrugada del 13 de noviembre de 2021, día de la prueba. Este testigo también envió fotografías y balotarios de preguntas que evidencian la filtración. "Estos exámenes se empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vásquez Vela", se puede leer en uno de los chats. Además, se han presentado registros de llamadas que muestran comunicaciones entre Vásquez y Zafra, incluyendo una llamada de solo siete segundos el día del examen. La Fiscalía ha identificado a otros presuntos cómplices, como el profesor Jorge Fasanando y otros docentes que visitaron el despacho de Vásquez en múltiples ocasiones antes de la filtración. A pesar de las evidencias, Lucinda Vásquez ha negado su participación, afirmando que el día del examen se encontraba en su chacra y sin comunicación. Sin embargo, los registros de llamadas contradicen su declaración, mostrando que tuvo contacto con Zafra ese mismo día. Un aspecto curioso del caso es el supuesto robo del celular de la congresista en Gamarra, justo después de que se iniciara la investigación. Vásquez no presentó denuncia por el robo, lo que, según penalistas, podría debilitar su credibilidad y sugerir un intento de ocultar información. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá decidir sobre la denuncia. Si se aprueba, Lucinda Vásquez podría perder su inmunidad y ser procesada como cualquier ciudadano, enfrentando incluso prisión preventiva si así lo determina el Poder Judicial.