El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto con el que regulará la creación del catálogo de símbolos franquistas que deben retirarse. Así lo ha detallado a las puertas del 50 aniversario de la muerte de Franco el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha cifrado en unos 4.000 vestigios los elementos que siguen enalteciendo la Guerra Civil o la dictadura y que tendrán que retirarse del espacio público o resignificarse si tienen valor artístico o arquitectónico.

El Real Decreto es el primer paso para una futura elaboración del catálogo, un listado de símbolos “contrarios a la memoria democrática” que se irá progresivamente completando a medida que comunidades, ayuntamientos, particulares y asociaciones identifiquen estos elementos. El texto crea una comisión técnica para este fin que estará formada por 15 personas, entre expertos, historiadores, un representante de la Federación Española de Municipios y Provicinas (FEMP) y dos de las comunidades. Este viernes, según ha avanzado Torres, se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se elegirán a estos dos miembros en representación autonómica. La idea es que haya un catálogo antes de que acabe 2025.

El ministro ha explicado que el Real Decreto detalla “un procedimiento” para retirar los símbolos o resignificado, en cuyo caso “deberá indicarse que enaltece” la Guerra Civil, la dictadura o a sus dirigentes. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática arrancó el año pasado la preparación del texto, tal y como mandata el artículo 36 de la  Ley de Memoria Democrática de 2022. Porque a a pesar de que a la luz de la anterior ley de memoria, de 2007, ya se retiró mucha simbología de las calles, la realidad es que sigue habiendo vestigios franquistas  que aún permanecen.  Y la voluntad del Gobierno es eliminarlos. 

Multas de hasta 10.000 euros

La ley de memoria considera “elementos contrarios a la memoria democrática” edificios, construcciones, escudos, insignias, placas o cualquier otro elemento u objeto adosado o situado en la vía pública en la que queden reflejadas exaltaciones conmemorativas de las sublevación militar y la dictadura, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron”, así como unidades civiles y militares que colaboraron con el Eje Alemania-Italia-Japón en la II Guerra Mundial.

Fuentes del departamento dirigido por Torres explican que, en caso de que las instituciones o entidades privadas se nieguen a retirar los símbolos, se contempla un procedimiento: en el caso de que sea una Administración Pública, como un ayuntamiento, la que se resista, el Gobierno enviará un requerimiento formal que puede acabar en los tribunales a través de un recurso contencioso administrativo para forzar la retirada. En el caso de que sean propietarios privados, la negativa conlleva “medidas coercitivas” contempladas ya en la Ley de Memoria Democrática.

En ese caso, la administración puede “incoar de oficio” el procedimiento de retirada dando trámite de audiencia “a las personas interesadas” y comunicando la resolución en un plazo máximo de seis meses. Si la resolución acuerda la eliminación del elemento, deberá cumplirse en tres meses, estipula la ley, que reserva la posibilidad de “imponer multas coercitivas”, hasta diez sucesivas por periodo de un mes de entre 200 y 1.000 euros (es decir, de entre 200 y 10.000 euros).

La comisión encargada de elaborar el catálogo será también la que irá actualizándolo “de manera periódica”, cada 15 días, ha apuntado el ministro durante la rueda de prensa. De los 4.000 vestigios que calcula el Gobierno que aún quedan, los hay que están en “viviendas sociales”, ha dicho refiriéndose a las típicas placas del Instituto Nacional de Vivienda con el yugo y las flechas. Pero también están “en edificios religiosos” o en nombres de pueblos que “serán eliminados”, en total siete municipios, entre ellos Alberche del Caudillo, en Toledo, o Alcocero de Mola (Burgos).

Expresamente, la ley hace también referencia a topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos. Y, en general, establece su retirada tanto si están en el espacio público como si están ubicados en edificios de carácter privado o religioso “pero con proyección al espacio o uso público”. También contempla la excepción de aquellos símbolos que son “de estricto recuerdo privado” o cuando concurran razones artísticas.

Además de las placas del Instituto Nacional de Vivienda instaladas en muchos edificios, también hay cruces y lápidas “a los caídos”, escudos del águila y varias calles. Ahí se lleva la palma  San Pedro del Pinatar (Murcia) , el pueblo de España con más nombres relacionados con la sublevación en su callejero, con once.

31 víctimas de Cuelgamuros identificadas

Aprovechando que el pasado octubre se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y que este jueves se cumple medio siglo de la muerte del dictador, el ministro ha hecho balance y ha lamentado la derogación de las leyes de memoria impulsada en varias comunidades autónomas de la mano del PP y Vox. En Extremadura, ha recordado Torres, las derechas aprobaron la derogación el mismo día que aparecieron los primeros restos en la exhumación de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres).

El ministro ha explicado también que en 2019 se calculaba que había unas 20.000 personas en fosas comunes, cunetas o pozos “susceptibles de ser recuperadas” y que desde entonces “se han recuperado casi la mitad”, 9.000. “Vamos a continuar sin que nadie que pueda ser entregado a sus familiares se quede en una fosa”, ha dicho el titular de Memoria Democrática. Además, 206 personas han solicitado la exhumación de sus familires de las criptas del Valle de Cuelgamuros, donde se han localizado 36 cajas, los restos de 459 personas y se han podido identificar y entregar 31 víctimas a sus seres queridos.

El Gobierno ha entregado también a 1.600 personas o familias declaraciones de reparación y reconocimiento , un instrumento con el que el Estado reconoce a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y declara nulos los juicios y sentencias que las condenaron. Por otro lado, se han designado 19 Lugares de Memoria en España y siete fuera del país, entre ellos la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, actual sede de la Comunidad de Madrid y antiguo epicentro de la tortura policial franquista. Por último, Torres ha mencionado que “la voluntad” del Gobierno es que las obras para resignificar Cuelgamuros, para lo que ya hay proyecto definitivo, “puedan empezar en la actual legislatura” con el objetivo de “convertir un mausoleo franquista y un centro de trabajo forzado y de muerte” en un espacio “para la defensa de la democracia.