La Fiscalía Anticorrupción solicita que se condene a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos por el cobro de comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también solicita penas de 19 años y medio de cárcel para el axasesor Koldo García y de siete para el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

Además, reclama que el extitular de Transportes y quien fuera su mano derecha indemnicen a Ineco con 34.477,86 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros. También afirma que “procede acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros”. 

La causa se sigue por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictó el pasado 3 de noviembre un auto en el que cerraba la investigación del caso mascarillas y proponía juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama. Esta pieza es diferente a la que sigue instruyendo el magistrado por el amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que saldrá de la cárcel este miércoles tras pasar casi cinco meses en prisión. 

La bautizada como ' operación Delorme ', que dio origen a la instrucción en el Supremo, comenzó investigando si Koldo García, exasesor de Ábalos , cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Los avances de la investigación permitieron descubrir que el propio Ábalos recibió contraprestaciones por las adjudicaciones a las empresas implicadas. Su aforamiento motivó que el caso acabara en el Tribunal Supremo.

Una de las empresas investigadas en la causa es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que entre 2020 y 2021 obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado.