La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que revise las medidas cautelares impuestas al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García. Esta petición se produce tras la solicitud de penas de prisión de 24 y 19 años, respectivamente, por su implicación en la trama de mascarillas. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito en el que pide que se celebre una vistilla para modificar las restricciones actuales, que incluyen la prohibición de salir del país, la entrega de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado. Ambos están acusados de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Estos delitos están relacionados con contratos millonarios para la compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, donde el intermediario Víctor de Aldama actuaba como comisionista. Luzón también ha solicitado multas de más de 3,9 millones de euros para cada uno. En el caso de Aldama, se ha propuesto una pena de siete años de prisión, aplicando la atenuante de confesión. En octubre, el juez Leopoldo Puente mantuvo las medidas cautelares tras la negativa de ambos a declarar. Sin embargo, ahora deberá decidir si es necesario endurecer estas medidas, dado el peso de las acusaciones. La solicitud de revisión de medidas se produce el mismo día en que Puente ha ordenado la liberación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerar que el riesgo de destrucción de pruebas ha disminuido. Cerdán deberá comparecer quincenalmente y tiene prohibido salir del país. Además, Luzón ha solicitado la declaración de 39 testigos, incluyendo a altos funcionarios y exdirectivos, así como a personas cercanas a Ábalos, como su exnovia y otros implicados en causas de fraude. La investigación sigue su curso mientras se espera la decisión del juez sobre las medidas cautelares.