Obligado por el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro tuvo que rectificar una afirmación por la cual se desató una batalla jurídica y política con el Grupo Keralty. El mandatario aclaró en cadena nacional que su expresión de “criminal” no hacía referencia al presidente de la compañía, Joseba Grajales, sino al funcionamiento del sistema de salud colombiano, al que describió como un modelo que “mata personas que podrían salvarse” debido a decisiones basadas en negocios y no en atención médica.

Petro sostuvo que su crítica apuntaba a décadas de fallas estructurales : intermediación, trabas de acceso, manejo indebido de recursos y prácticas que, a su juicio, convirtieron la enfermedad en un negocio.

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