La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra el Gobierno y el fiscal general tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la filtración del correo de su pareja. 24 horas después del fallo, la dirigente madrileña ha convocado una comparecencia —leída y sin preguntas de los medios— en la que ha mezclado acusaciones de autoritarismo contra Pedro Sánchez y la misma tesis de una campaña “organizada desde el Gobierno” contra un “ciudadano particular” que llevan repitiendo desde su entorno más de un año.

Todavía no se conoce cuál es la argumentación del Tribunal Supremo para la condena, que no ha sido unánime y ha contado con dos votos en contra de dos magistradas progresistas . La sentencia se hará pública en los próximos días, aunque las instancias no se acaban aquí y es previsible que se pronuncie el Constitucional y la Justicia Europea.

Estas son algunas de las falsedades de la comparecencia de la dirigente madrileña:

Un “ciudadano” y un caso que “no tiene que ver con la Comunidad”

Ayuso ha insistido en que su pareja es un “ciudadano particular” y ha asegurado que su caso “nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside”. Pero la presidenta madrileña y González Amador viven en un piso que él compró en 2022 tras el fraude fiscal, tal y como publicó elDiario.es el 13 de marzo de 2024. Ahora, de hecho, el comisionista ha ejecutado la opción de compra también del ático situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que residen y que ya venía disfrutando en régimen de alquiler. 

Tanto la presidenta madrileña como su pareja han repetido durante este año que no se conocían cuando defraudó a Hacienda porque ocurrió con la presentación del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Pero ese impuesto, igual que ocurre con el IRPF para cualquier ciudadano, se paga el año siguiente, es decir, fue en el verano de 2021 y el verano de 2022. La primera noticia de la relación entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021.

Hay otro antecedente: el Supremo señaló, cuando rechazó la demanda que su pareja interpuso contra la ministra María Jesús Montero por referirse a él como un “delincuente confeso”, que su caso de fraude fiscal y su relación con Ayuso le habían convertido en “una persona con notoriedad pública”.

“Un ataque del aparato del Estado”

En realidad, el caso se inició por una investigación de la Agencia Tributaria al novio de Ayuso, que después confesó a través de su abogado haber defraudado más de 350.000 euros por no tributar correctamente los dos millones de euros que ganó en el peor momento de la pandemia, ejerciendo como comisionista para la venta de material sanitario.

El caso de González Amador no es una “campaña organizada desde el Gobierno” ni fruto de una coordinación de la Fiscalía y el Gobierno “hasta ser condenados por el Supremo”, como ha dicho este viernes. El fraude está acreditado por la inspección de la Agencia Tributaria, que encontró 1,7 millones de euros en facturas falsas que la pareja de Ayuso se desgravó.

Todas las investigaciones, incluso la que ha terminado en condena para el fiscal general, han evidenciado una cosa: González Amador no fue ni inspeccionado ni denunciado por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni en Hacienda ni en la Fiscalía, tal y como ha declarado una decena de testigos en varios procedimientos , sabían que detrás de la empresa Maxwell Cremona se escondía la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La causa contra él, pendiente de juicio, acaba de ser ratificada por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

“Estos hechos son propios de una dictadura”

¿Qué dictadura acaba con una condena contraria al presunto dictador? La propia Ayuso en su comparecencia se ha llevado la contraria al afirmar que con la condena al fiscal general “ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona”. “Ayer los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas”, ha añadido. “Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales”, ha llegado a afirmar.

“No es el fiscal general sino Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”

En el juicio contra el fiscal general no se juzgó nada relacionado con Moncloa. El Supremo dejó fuera del proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el papel de Moncloa en la filtración. Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. La “afirmación” de que la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa “no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces. Pese a esto, Ayuso ha llegado a vincular sin ninguna prueba al presidente del Gobierno hasta en el borrado del móvil del fiscal general: “Juntos borraron todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”.

“Es el proceso por el que nos llevan, especialmente desde que los casos de presunta corrupción de la esposa del presidente del Gobierno salieron a la luz”

En realidad la investigación a la pareja de Ayuso es anterior a que se abriera una causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El famoso correo en el que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales se mandó el 2 de febrero de 2024 y la investigación a Gómez se inició dos meses después, en abril. Fue entonces cuando el juez Peinado admitió una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias e inició la instrucción. Para entonces elDiario.es ya había publicado en exclusiva la información sobre el fraude fiscal de González Amador. La primera noticia se sacó el 12 de marzo, un mes antes de que se iniciara la investigación a Begoña Gómez. El caso de González Amador no es una consecuencia de la investigación a Gómez, como ha insinuado la presidenta madrileña.

Y una bola extra: “[Con la condena al fiscal] Los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona”

No parece que esa premisa fuera así para Álvaro García Ortiz. Quedan todavía días hasta que se conozca la argumentación de la sentencia condenatoria para el fiscal general, pero a lo largo del juicio no se ha revelado ninguna prueba directa que demuestre que filtró el correo con la confesión del comisionista en la noche del 13 de marzo de 2024.

Ni mensajes, ni llamadas, ni correos en los que García Ortiz rebote el documento al periodista de la Cadena SER que lo reveló, ni tampoco órdenes para que lo distribuyera alguno de sus subordinados. José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es y uno de los autores de la primera publicación sobre el fraude fiscal, declaró que la fuente no fue Álvaro García Ortiz. Hasta tres periodistas que han afirmado como testigos en el juicio que tuvieron acceso a ese correo antes de que llegara a manos del fiscal general.