¿Quién puede ir a una marcha de protesta en contra de las políticas públicas, omisiones y descontentos con un gobierno?

La respuesta es sencilla: cualquier persona, de cualquier edad, género, religión, profesión, oficio e incluso de cualquier partido político. Ya sea juntos, revueltos o como les plazca. Esto por el solo hecho de vivir en un país que cuenta con libertad de expresión, ¿no?

Sin embargo, la narrativa gubernamental y de su partido político sostiene que sólo sus marchas son legítimas. Las que organizan otros son, según ellos, pagadas, violentas, y cuando estas se concretan, se burlan de su número de participantes.

Esa narrativa se estrella contra sus propios mitines llenos de acarreados, entrega de despensas, dinero en efectivo y personas que son amenazadas con quitarles los

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