El primer ministro Ernesto Álvarez ha confirmado que el Gobierno está considerando la salida de Iván Paredes Yataco, actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta medida forma parte de una reorganización que se implementará si el Congreso otorga facultades legislativas al Ejecutivo. Durante una entrevista en Canal N, Álvarez explicó que los ministerios de Interior y Defensa están elaborando un listado de funcionarios que podrían ser reemplazados tras recientes operativos en los penales.

"Lo están contemplando", afirmó el premier, al ser consultado sobre la continuidad de Paredes Yataco. Sin embargo, aclaró que su sector no lidera directamente la evaluación de su permanencia. Esta reorganización afectaría a varios funcionarios que han sido investigados en los últimos treinta días, en relación con denuncias publicadas por medios de investigación.

La situación de Paredes Yataco se complica debido a nuevas revelaciones que lo involucran en audios, sanciones administrativas y denuncias previas de su carrera como abogado penalista. En la misma entrevista, Álvarez detalló que la estrategia del Gobierno fue intervenir los penales antes de realizar cambios estructurales, para evitar desmantelar instituciones sin contar con equipos capacitados para asumir responsabilidades complejas.

El premier subrayó que el Gobierno necesitaba resultados inmediatos, priorizando operativos internos y la reubicación de internos considerados de alta peligrosidad. Ahora, el Ejecutivo ha presentado un proyecto para solicitar facultades legislativas que permitan realizar cambios más profundos, incluyendo la reorganización del INPE.

"Entre esas facultades está una medida concreta, la reorganización absoluta del INPE", indicó Álvarez, enfatizando que el objetivo es reformar la estructura operativa tras los primeros 30 días de intervención directa en los penales.

Iván Paredes Yataco ha enfrentado múltiples cuestionamientos desde su nombramiento. Un informe de Cuarto Poder reveló audios en los que supuestamente participa en gestiones para favorecer la excarcelación de un procesado a cambio de dinero, acusaciones que él niega. Además, fue sancionado por Indecopi por incumplimiento de servicios profesionales, tras ser acusado por una exclienta de no presentar una denuncia penal a pesar de haber recibido un pago de 3.500 dólares. La multa, que ascendió a 16.000 soles, fue pagada mientras ocupaba el cargo de titular del INPE.

En entrevistas anteriores, Paredes ha defendido su trayectoria, argumentando que la sanción de Indecopi fue administrativa y no ética, ya que el Colegio de Abogados declaró nula una sanción inicial. También ha negado la autenticidad de los audios y ha afirmado que solo acudió una vez a la Fiscalía Anticorrupción para ofrecer su versión. En respuesta a las críticas sobre su idoneidad, Paredes declaró que "no son tantos cuestionamientos" y que, mientras una persona mantenga su presunción de inocencia, no debería cuestionarse su permanencia en cargos públicos. Además, aseguró que no existen denuncias por irregularidades durante su gestión actual.