El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha sancionado a 13 empresas farmacéuticas y a cinco de sus ejecutivos por coludirse en licitaciones públicas entre 2006 y 2020, elevando los precios de medicamentos esenciales. Las multas impuestas superan los S/ 540 millones, y se ha ordenado la implementación de programas de cumplimiento para prevenir futuras prácticas anticompetitivas. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi determinó que las empresas involucradas coordinaron sus posturas y abstenciones para repartirse las licitaciones de compras de medicamentos, afectando así el abastecimiento de hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. Entre los productos afectados se encuentran el cloruro de sodio, utilizado para la rehidratación, y antibióticos como amoxicilina y azitromicina, esenciales para el tratamiento de diversas infecciones. También se vieron involucrados antineoplásicos como paclitaxel y temozolamida, así como inmunosupresores y antianémicos. La CLC subrayó que "estas conductas ilegales generan gastos excesivos en el presupuesto público, ocasionando que los productos se adjudiquen a un precio mayor al que correspondía en caso las empresas hubiesen competido". La investigación de Indecopi incluyó la revisión de archivos, correos electrónicos, chats y declaraciones, revelando que las empresas se reunían y negociaban en secreto para definir cómo serían favorecidas en el reparto de medicamentos. Para evitar ser detectadas, adoptaron medidas de seguridad inusuales, como el uso de un lenguaje críptico y sobrenombres. Las empresas sancionadas son: B Braun Medical Peru S.A., Instituto Quimioterápico S.A., Laboratorios AC Farma S.A., Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., Laboratorios Americanos S.A., Laboratorios Lansier S.A.C., Pharmagen S.A.C., OQ Pharma S.A.C., Laboratorios Portugal S.R.L., Laboratorios Unidos S.A., Medifarma S.A., Pereda Distribuidores S.R.L. y Teva Perú S.A. Además de las multas, se ha ordenado a las empresas implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia durante un periodo de cinco años, con el objetivo de reducir el riesgo de reincidencia en estas prácticas anticompetitivas.