El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha declarado que las condiciones de seguridad en la mina de Vega de Rengos eran "muy elevadas" antes del trágico accidente que resultó en la muerte de dos trabajadores el pasado viernes. El incidente, que ocurrió a las 16:58 horas, fue causado por un derrumbamiento en el nivel -2 de la mina, situada en el concejo de Cangas de Narcea. Las víctimas, Anilson Soares, de 42 años, y Óscar Díaz, de 32 años, fueron encontradas sin vida tras una llamada de emergencia realizada por uno de ellos.

Este accidente ha reavivado la memoria de un trágico suceso ocurrido hace ocho meses en la mina de Cerredo, donde cinco mineros perdieron la vida en una explosión. La mina de Vega de Rengos, gestionada por TYC Narcea, había sido objeto de una inspección el jueves anterior al accidente, que confirmó el cumplimiento de los requisitos para operar. Sin embargo, el gobierno regional había suspendido temporalmente la licencia de la empresa a mediados de año tras otro accidente mortal en Asturias.

La investigación sobre las licencias de TYC Narcea se inició tras una denuncia de la compañía Special Anthracites, que cuestionó si las actividades de extracción se ajustaban a los permisos concedidos. Esto llevó a la suspensión de la actividad en abril, lo que resultó en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) que afectó al 100% de la plantilla de 70 trabajadores.

Después de movilizaciones por parte de sindicatos y trabajadores, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión en junio, permitiendo el regreso a la actividad. Empleados de la mina celebraron la reanudación de la explotación de carbón y mencionaron la implementación de un nuevo protocolo de prevención de riesgos.

Barbón ha subrayado que el área del derrumbe había sido inspeccionada un día antes del accidente y que TYC Narcea había realizado revisiones exhaustivas de seguridad tras el accidente en Cerredo. A pesar de estas medidas, la tragedia en Vega de Rengos ha dejado una profunda huella en la comunidad y plantea interrogantes sobre la seguridad en las minas asturianas.