La Fiscalía General de la Nación ha respondido a las críticas surgidas tras el escándalo relacionado con los archivos de alias Calarcá y la supuesta infiltración de disidencias de las Farc en el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta investigación ha estado en manos del ente acusador durante más de un año, pero hasta el momento no se han presentado resultados concretos. Desde la captura de alias Calarcá, que posteriormente fue liberado, las directivas de la Fiscalía no han recibido información sobre las actuaciones de la fiscal delegada a cargo del caso. La Fiscalía ha declarado que "ni el despacho de la fiscal general de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la delegada contra la Criminalidad Organizada, recibió durante el transcurso de estos 16 meses reportes o copias de la información recaudada". A pesar de la prolongada duración de la investigación, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha ordenado recientemente al director contra la Criminalidad Organizada que impulse todos los procesos relacionados con la captura de alias Calarcá y los elementos incautados. Además, se ha solicitado una compulsa de copias para investigar al general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, quien fue mencionado en los documentos recuperados. La Fiscalía también ha subrayado la importancia de cumplir con el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que establece el levantamiento de órdenes de captura contra miembros de organizaciones armadas para que participen en las mesas de diálogo de paz del Gobierno nacional. Esta disposición fue comunicada por la Corte Constitucional a finales de agosto de 2024. Otro aspecto alarmante señalado por la Fiscalía es la filtración de información incautada en los computadores de alias Calarcá, que ocurrió el día de su captura y liberación. Esta información, que estaba bajo la custodia de la Dijín, se hizo pública, lo que representa una clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales. La Fiscalía ha expresado su preocupación por esta situación, enfatizando que el contenido de los dispositivos recuperados no debió trascender a los medios de comunicación.