La Comisión de Ética Parlamentaria ha decidido sancionar a la congresista Susel Paredes con una amonestación escrita pública. Esta decisión se tomó el 24 de noviembre, tras un debate sobre su apoyo al uso del baño de mujeres por parte de personas trans en el Congreso. La sanción original contemplaba una suspensión de 30 días con descuento de haberes, pero fue modificada durante la sesión.

La controversia surgió a raíz de un evento titulado "Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia", que se llevó a cabo el 31 de marzo en el Palacio Legislativo. En este foro, que reunió a cerca de 30 personas trans, Paredes promovió el uso de los servicios higiénicos femeninos para las asistentes. La denuncia fue presentada por la congresista Milagros Jáuregui, quien argumentó que la presencia de personas trans en el baño de mujeres generó incomodidad entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad.

Durante la sesión, el congresista Pasión Dávila propuso una cuestión previa para reducir la sanción, argumentando que la suspensión era desproporcionada. Dávila afirmó: "La congresista cometió un error, pero lo ha reconocido, se ha disculpado y eso tiene que ser valorado". La modificación fue aprobada con siete votos a favor y cuatro en contra.

El informe final del expediente 213-2024-2025/CEP-CR había recomendado inicialmente una suspensión de 30 días, la sanción más severa prevista para este tipo de faltas. Sin embargo, la decisión de la Comisión de Ética refleja una división de opiniones sobre el caso, que ha estado en el centro del debate parlamentario debido a su relación con la comunidad LGBTIQ+.

Paredes ha defendido su posición, señalando que su acción no representa una falta ética y que la participación de personas trans en espacios institucionales no debería ser cuestionada. En su defensa, la congresista expresó: "Se me ha acusado de promover el uso de baño de damas de parte de mujeres trans, lo cual es falso".

Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ han criticado la denuncia, considerándola un acto discriminatorio. Aseguran que la participación de personas trans en el Congreso no constituye una falta ética y que otros legisladores han recibido a colectivos trans sin enfrentar sanciones similares.

Este caso ha generado un intenso debate sobre los derechos de las personas trans y su inclusión en espacios públicos, así como sobre la ética y la política en el ámbito legislativo.