La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha calificado la reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso como un "quiebre del Estado Constitucional" y ha denunciado lo que considera una "dictadura parlamentaria". Esta reacción se produce tras la aprobación de un informe final que recomienda su inhabilitación por un período de diez años. Espinoza, quien se encontraba en el juzgado del Poder Judicial en la avenida Abancay, expresó su descontento: "Acabo de tomar conocimiento del quiebre del Estado Constitucional cometido en el Congreso. Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Un atropello más evidente no puede ser. Miren la manera cómo han votado". La fiscal suspendida argumentó que no ha tenido participación en el caso que se le imputa y que toda la información relevante ha sido entregada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. "Es un reglamento que no ha sido elaborado en la Junta de Fiscales Supremos", añadió. Además, Espinoza anunció que se reunirá con el juez Juan Torres Tasso para buscar su restitución en el cargo de fiscal de la Nación lo más pronto posible. "De aquí viene ya que me van a citar al Pleno del Congreso y ahí me van a escuchar. Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de Derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura. Dictadura parlamentaria", afirmó. La Comisión Permanente del Congreso, minutos antes de las declaraciones de Espinoza, aprobó el informe que recomienda su inhabilitación y también la acusación por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Para que estas acusaciones procedan, se requiere una mayoría calificada en el pleno, es decir, al menos dos tercios de los miembros del Congreso, excluyendo a los integrantes de la Comisión Permanente.