La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado un informe que recomienda la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo por un periodo de diez años. Esta decisión se tomó con 13 votos a favor y 6 en contra, en el contexto de las acusaciones relacionadas con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La sesión fue tensa, especialmente cuando el abogado de Castillo, Carlos Torres Caro, fue expulsado del hemiciclo tras realizar comentarios ofensivos hacia los parlamentarios. El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, justificó la expulsión al considerar que el abogado había excedido los límites permitidos en su intervención. Durante el debate, varios congresistas expresaron su preocupación por la falta de una defensa jurídica sólida para Castillo. Algunos, como Alejandro Muñante y Eduardo Salhuana, argumentaron que la intervención de Torres Caro había perjudicado la situación legal del expresidente. En contraste, otros legisladores recordaron los actos de corrupción que marcaron el gobierno de Castillo. El informe, presentado por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, detalla que Castillo vulneró varios artículos de la Constitución al intentar disolver el Congreso y al emitir órdenes a altos mandos policiales. Se menciona que el expresidente sostuvo reuniones cuyos contenidos no fueron aclarados y que coordinó la transmisión de un mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso. Además, el informe señala que Castillo proclamó medidas sin sustento constitucional, como la reorganización del sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. También se indica que impartió órdenes directas al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Durante el debate, el congresista Víctor Cutipa propuso que un segundo abogado asumiera la defensa de Castillo, pero su solicitud fue rechazada por falta de acreditación. La Comisión Permanente continuará evaluando las responsabilidades individuales relacionadas con el intento de golpe de Estado. Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, ha sido citado para el 27 de noviembre a las 10 de la mañana para ejercer su derecho de defensa en el proceso que también recomienda su inhabilitación por diez años. La decisión de la Comisión Permanente deberá ser sustentada ante el Pleno del Congreso para su debate y votación final.