Las personas con discapacidad fueron y siguen siendo víctimas de un sistema que combina la corrupción con la crueldad. No termina de estar claro cuáles son las proporciones ni qué fue primero. Pero lo que está claro es que el gobierno nacional decidió tratar a las personas con discapacidad como enemigos. Primero ahogó presupuestariamente el sistema de prestaciones, después se negó a poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad que votó el Congreso nacional, y ahora se empieza a destapar un entramado de corrupción que parece salido de una ficción.

Las investigaciones judiciales, surgidas de una gran cantidad de pruebas documentales, muestran que existió “una organización delictiva en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacida

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