La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la minuta del Senado que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta nueva legislación contempla penas que pueden llegar hasta los 42 años de prisión.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y autor de la reserva modificada el 19 de noviembre, expresó su preocupación sobre la efectividad de endurecer las penas como única solución a la crisis de seguridad. Durante la discusión, Monreal defendió la relevancia de su reserva, que fue inicialmente aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aceptó las modificaciones del Senado, argumentando que en un sistema bicameral, revisar los actos de la otra cámara es un proceso normal. "Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista", afirmó Monreal.

El dictamen aprobado endurece las sanciones, estableciendo una pena mínima de quince años y máxima de veinticinco para quienes sean declarados culpables de extorsión. Este cambio eleva significativamente las penas propuestas originalmente, que iban de seis a quince años. Los senadores argumentaron que las sanciones iniciales podrían beneficiar a condenados actuales, lo que llevó a este endurecimiento.

Además, la reforma incluye por primera vez la obligación de que las autoridades actúen "con pleno respeto a los derechos humanos", una disposición que no estaba presente en la minuta original. Para mejorar la investigación y persecución de este delito, se requiere que las fiscalías, tanto federales como locales, cuenten con unidades especializadas y personal capacitado en extorsión. Mientras se implementan estas unidades, las encargadas del combate al secuestro asumirán provisionalmente la investigación de los casos de extorsión.

La iniciativa también contempla aumentos de penas en situaciones agravantes. Si la extorsión es facilitada por servidores públicos o autoridades penitenciarias, la sentencia se incrementará con un castigo adicional de tres a cinco años. Asimismo, los funcionarios que omitan denunciar actos de extorsión se enfrentarán a penas de diez a veinte años de prisión.

Por último, quienes introduzcan dispositivos electrónicos no autorizados en centros penitenciarios enfrentarán sanciones de seis a doce años de cárcel. La nueva ley busca fortalecer la lucha contra la extorsión y garantizar un sistema de justicia más efectivo y respetuoso de los derechos humanos.