El Departamento de Justicia de EE.UU. ha admitido que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió continuar con los vuelos de deportación hacia una mega prisión en El Salvador, a pesar de una orden de un juez federal que exigía el regreso de los aviones. Esta revelación se produjo en una presentación judicial realizada el martes, donde se confirmó que Noem tomó esta decisión en marzo, justo cuando el juez de distrito James Boasberg reanudaba su investigación por desacato.

El caso se centra en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del expresidente Donald Trump para acelerar las deportaciones de presuntos miembros de una pandilla venezolana. La decisión de Noem ha generado un conflicto político y legal significativo para la administración Trump, ya que los migrantes deportados fueron enviados a una prisión en El Salvador, donde se han denunciado torturas y abusos por parte de grupos de derechos humanos.

En el documento judicial, el Gobierno explicó que los subsecretarios de Justicia, Todd Blanche y Emil Bove, proporcionaron asesoría legal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la orden del tribunal. Tras recibir esta asesoría, Noem ordenó que los detenidos que habían sido expulsados antes de la orden judicial pudieran ser transferidos a la custodia salvadoreña. El Departamento de Justicia argumentó que esta decisión era legal y coherente con una interpretación razonable de la orden del tribunal.

El Gobierno también aclaró que la orden escrita del tribunal no exigía el regreso de los detenidos ya expulsados, y que la directiva oral previa no era vinculante. A pesar de la orden del juez Boasberg, los vuelos continuaron, y los migrantes permanecieron en la prisión durante meses antes de ser liberados este verano como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Boasberg, quien fue designado por el expresidente Barack Obama, había ordenado en marzo que el gobierno devolviera el control de los aviones. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar con la investigación sobre el desacato, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE.UU. suspendió el proceso. Recientemente, el tribunal permitió que Boasberg reiniciara su investigación, sugiriendo que podría incluir declaraciones de funcionarios de la administración o incluso el arresto de algunos para que testifiquen bajo juramento.

Las decisiones de Boasberg han provocado la ira de Trump, quien solicitó el impeachment del juez, lo que llevó a una inusual reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las audiencias comiencen el 1 de diciembre, donde se buscará esclarecer las acciones de la administración en este controvertido caso de deportación.