La tensión entre el fuero político y el sistema de justicia en Perú vuelve a situarse en el centro del debate nacional. La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, denunció una supuesta persecución política en su contra tras la reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó el informe final recomendando su inhabilitación por diez años para desempeñar cargos públicos.

En diálogo con RPP, aseguraron que la decisión fue adoptada con criterios políticos y un trato diferencial que cuestiona los principios de imparcialidad y debido proceso. Asimismo, insistió que desde su suspensión ha sido objeto de una campaña sistemática de denuncias y procedimientos administrativos en distintas instancias.

“Se está pretendiendo concretar a través de un plan cerco con

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