La tensión entre el Congreso y el sistema de justicia volvió a encenderse tras la denuncia de la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza, quien afirmó ser víctima de una “persecución política” luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe que recomienda su inhabilitación por diez años. Espinoza aseguró que la decisión responde a criterios políticos y un trato diferenciado que, según dijo, vulnera el debido proceso y la imparcialidad.

Durante una entrevista con RPP, la fiscal sostuvo que desde su suspensión enfrenta una campaña articulada en su contra desde diversas instituciones, incluido el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y actores vinculados al partido aprista. Señaló directamente al abogado Luis Caya como impulsor de múltiples denuncias en su contra y afirmó qu

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