La actual fiscal general del Estado , Teresa Peramato , fue informada de las incidencias detectadas en el sistema de pulseras antimaltrato durante su etapa como fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer , según reconoció la propia ministra de Igualdad , Ana Redondo , en una entrevista en TVE el pasado 18 de septiembre, según publica OkDiario.

La ministra socialista explicó que estuvo “muy pendiente” del traspaso de sistemas de vigilancia a víctimas de violencia de género y que en ese contexto se reunió con Peramato , además de con otras responsables del ámbito como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio correspondiente. Las declaraciones se produjeron tras la publicación de informaciones sobre los fallos técnicos del sistema Cometa , encargado de la gestión de estos dispositivos.

Pocas semanas después, el 14 de enero de 2025 , Peramato fue ascendida a fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , quien posteriormente fue condenado por prevaricación. En esa etapa, Peramato también había respaldado públicamente la ley del “Solo sí es sí” , impulsada por el anterior Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero .

El caso de los fallos en las pulseras adquirió notoriedad pública después de que empleados del centro de control Cometa denunciaran problemas en el sistema. A raíz de estas denuncias, partidos como Sumar y el BNG presentaron preguntas parlamentarias para pedir explicaciones al Gobierno. En una de esas iniciativas, registrada en diciembre de 2024, la formación liderada por Yolanda Díaz solicitaba medidas urgentes para garantizar la seguridad de las víctimas.

No obstante, Teresa Peramato no realizó ninguna denuncia pública en relación con estos hechos. Su ascenso fue confirmado apenas un mes después de la intervención parlamentaria.

El asunto volvió a ser objeto de debate esta semana durante una jornada organizada por el Grupo Popular en el Senado , donde la portavoz Alicia García criticó duramente la gestión del Gobierno. «Este es el Ejecutivo que más daño ha hecho a las mujeres en democracia», afirmó, exigiendo responsabilidades por lo que calificó como «el desastre» del sistema de control.

En el mismo acto, la ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género , Ángeles Carmona , aseguró que los tribunales están recurriendo cada vez más a la prisión preventiva como medida cautelar ante los problemas técnicos de los dispositivos. Carmona recordó que en enero de 2024 ya trasladó su preocupación a la ministra Redondo, tras el cambio de contrato y la incorporación de nuevos dispositivos.

La polémica sobre el funcionamiento de las pulseras de seguimiento y su gestión institucional sigue abierta, mientras se mantiene la presión sobre el Gobierno para esclarecer la cadena de responsabilidades y aplicar soluciones urgentes que garanticen la seguridad de las víctimas .