La sentencia contra Pedro Castillo, dictada ayer por el Poder Judicial, lo convierte en el quinto expresidente peruano condenado a prisión en los últimos años, un registro tan insólito como alarmante. Pero esta vez no se trata solo de corrupción o de malas decisiones políticas: el tribunal también responsabilizó a parte de su círculo ministerial por participar en un intento de quebrar el orden democrático. Lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 no fue una improvisación torpe, sino un acto deliberado para subvertir la Constitución.

El fallo es una decisión ejemplar, aunque implica muchos menos de lo pedido inicialmente por la Fiscalía. La democracia peruana, frágil y vapuleada, necesitaba una respuesta firme ante un hecho tan grave como un intento de golpe de Estado. No puede haber ambigüed

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