Tras la agresión, la mujer buscó ayuda en diferentes lugares, también en la universidad, que en 2024 aseguró a un trabajadora social que no tomaron medidas porque al ser un caso de agresión sexual no podían hacer nada. La acusación considera que la Complutense es responsable civil por los daños psicológicos posteriores

Las universidades públicas españolas han registrado mil casos de acoso sexual en la última década

Ocurrió en septiembre de 2018: Sabina (nombre ficticio), una estudiante llegada de Brasil para cursar un máster en la Universidad Complutense, fue agredida sexualmente por uno de sus profesores durante unas jornadas que se celebraban fuera de Madrid. La mujer, en estado de shock y con una precaria situación económica, buscó ayuda en diferentes lugares, también en la Universidad, a través del coordinador de su máster, de una trabajadora social que intermedió con la Complutense e incluso, años después, de un correo electrónico. Todos los intentos fueron infructuosos: la Universidad no tomó medida alguna porque, según aseguraron a esa trabajadora social, al ser un caso de agresión sexual y no de acoso, no podían hacer nada.

En julio de 2024, la mujer consiguió los recursos económicos y el apoyo para presentar una denuncia judicial en España. No solo contra su agresor, también contra la Complutense como responsable subsidiaria por no hacer nada a pesar de tener conocimiento de lo sucedido. Un juzgado de León, la ciudad en la que sucedieron los hechos, está instruyendo la causa y le ha requerido al centro un informe sobre su actuación en el caso.

“Él había sido su profesor durante ese año, pero cuando sucedieron los hechos ya no lo era. Habían generado una relación de confianza, el máster duraba dos años y él era una persona con mucha presencia en ese máster, aunque ya no fuera a darle clase. Por eso, al principio tuvo miedo de mover mucho el caso, tenía miedo de que hubiera alguna consecuencia para ella y de que, después del esfuerzo, tuviera que regresar a Brasil sin el título”, explica el abogado de Sabina, Isaac Guijarro, del bufete Olympe Abogados.

Aún así, después de sufrir la agresión sexual, Sabina habló con el director de su máster para contarle lo sucedido, aunque sin revelar la identidad del profesor. A lo largo de varios años, una trabajadora social del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (Cimascan) contactó, de parte de Sabina, con la Oficina Defensora del Estudiante y con la Unidad de Igualdad de la UCM. Ninguna de las gestiones hizo que la Complutense abriera expediente, investigación o trámite de información alguno, ni que preguntara al profesor por lo sucedido.

Según recoge un informe de Cimascan aportado a la causa, a comienzos de 2024 la trabajadora social del centro que se encargaba del caso de Sabina logró hablar con una persona adscrita a la Unidad de Igualdad de la UCM. La trabajadora social dejó por escrito un resumen de esa conversación: “Me comenta que trataron de explicarle que desde la universidad pueden actuar en casos de acoso sexual, porque sí existe la posibilidad de introducir alguna sanción administrativa, pero no en casos de agresión sexual, dado que son procedimientos penales donde no cabe una respuesta administrativa. Nombra que al parecer no hubo contacto ni conocimiento previo por parte de la universidad o ella no ha encontrado nada. Indico sí lo hay. En 2019 Sabina me indica que habla con su director de Máster (aunque no dio nombre al profesor) y yo hablé con él, aunque de manera general, y que en octubre de 2021 contactamos con la Unidad de Igualdad aunque sin conversar con la directora (devolvió llamada en una ocasión, y nunca más) [sic]”.

La respuesta oficial de la Universidad Complutense al requerimiento del juzgado de instrucción que investiga el caso es un informe en el que asegura que no consta “instancia” de la mujer al respecto, es decir, que no interpuso una queja oficial al amparo del protocolo contra el acoso que tiene la universidad, algo que, por otra parte, tampoco hubiera sido posible de seguir el criterio que la Unidad de Igualdad le expresó a la trabajadora de Cimascan.

La Complutense sí reconoce que el 30 de octubre de 2023 recibió un correo electrónico “sin firma legítima ni autentificación” que atribuía conductas “presuntamente ilegales” a este profesor por parte de la víctima. “Valorada dicha cuestión en atención al tiempo transcurrido, ya que los delitos denunciados eran de naturaleza privada, por parte de esta Secretaría General se le remitió contestación, también mediante correo electrónico, en fecha 2 de noviembre de 2023. El citado correo aconsejaba a la interesada que pusiera tales hechos en conocimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía Provincial, o los propios Juzgados de Instrucción, por ser los órganos competentes para conocer de los mismos. Tras la remisión de dicho correo, no consta nueva actuación de la interesada”, decía la universidad en su informe al juzgado.

Preguntada por elDiario.es por su actuación en este caso, la Universidad Complutense alegaba, primero, que no le era posible pronunciarse “pues podría dar lugar a una eventual identificación y con ella el acceso a datos personales de carácter especial que la ley no ampara, lo que sobrepasa los límites del derecho a la información”. Repreguntada por su actuación en los casos en los que existe una queja o denuncia por agresión sexual, la Complutense asegura que la remiten “de manera inmediata” a la Fiscalía, como sucede en los casos de acoso. El centro insiste en que se pueden adoptar medidas provisionales de carácter sancionador “cuando existen denuncias ante la inspección de servicios, con independencia de que los hechos sean remitidos a fiscalía”, es decir, cuando hay una queja formal a través del protocolo.

Acoso y coacciones

Desde Olympe Abogados, el despacho encargado del caso de Sabina, están convencidos de que la UCM debe responder como responsable civil subsidiaria “respecto de los daños y perjuicios psicológicos y morales que el profesor produjo a la víctima y alumna tras la agresión sexual”. “A pesar de que ella puso en conocimiento de la universidad los hechos tan graves que habían sucedido, así mismo lo hizo Cimascan incansablemente, esta no actuó de ninguna de las maneras y, en consecuencia, se produjeron, tras la agresión sexual, un delito de acoso, de coacciones y contra la integridad moral. Delitos que se produjeron en el edificio y aulas de la propia universidad”, aseguran.

Y es que, además del delito de agresión sexual, la acusación de Sabina ha incluido en su querella los delitos de acoso, coacciones y contra la integridad moral. Después de la agresión sexual, la mujer empezó a tener síntomas graves, como pérdida de voz, espasmos musculares y pánico por la posibilidad de encontrarse con el profesor, por lo que comenzó a evitar a toda costa esa posibilidad cuando iba a la universidad.

“Fue en este momento, cuando el querellado comenzó a enviar emails, cada vez con mayor frecuencia, intentando captar su atención [...]. Al ver que no respondía, comenzó entonces a preguntar por ella a otros compañeros, a esperarla a la entrada y salida de su clase e incluso en otras partes de las instalaciones de la universidad. Comenzó a acosarla. Mi mandante siempre huía como buenamente podía ya que lo último que quería era encontrarse al hombre que la había agredido sexualmente. El querellado no aceptó su negativa y le envió otro email exigiendo su atención y respeto. Debido a este acoso, ella comenzó a esconderse en los baños de la universidad, a faltar a exámenes y clases o a llegar tarde cuando él estaba en la puerta de la clase o en los pasillos esperándola. Esto, como es lógico, tuvo un impacto nefasto en su rendimiento académico”, puede leerse en la querella. elDiario.es ha accedido a varios correos electrónicos que el profesor denunciado envió entonces a Sabina y al informe psicológico de una profesional que la atendió.

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