La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha condenado a 30 años de prisión a Rafael Tudares Bracho , yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia . La sentencia, emitida por un tribunal de “materia de terrorismo”, fue dictada tras un proceso calificado de clandestino y arbitrario por su familia. La esposa del condenado, Mariana González , denunció públicamente la desaparición forzada de su esposo desde enero de este año y aseguró no haber recibido comunicación directa ni acceso judicial efectivo.

Un juicio sin defensa, sin pruebas y sin presencia del acusado

El exfiscal en el exilio Zair Mundaray informó a través de redes sociales que la jueza Alejandra Romero , del circuito judicial penal de Caracas, impuso la pena máxima prevista en Venezuela a Tudares, acusado de “terrorismo y conspiración”. Otro dirigente opositor, Luis Guillermo Istúriz , fue condenado a 20 años.

La acusación fue instruida por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab , a quien Mundaray acusa de haber “fabricado un expediente sin una sola prueba válida”. La defensa de los acusados denuncia que el juicio se celebró sin garantías procesales, sin acceso a la causa ni presencia de abogados independientes.

Una condena contra la familia del presidente electo

Rafael Tudares es esposo de Mariana González , hija de Edmundo González Urrutia , vencedor de los comicios presidenciales de julio de 2024 y actualmente en el exilio. La familia afirma que el arresto se produjo el 7 de enero, cuando Tudares fue secuestrado por agentes encapuchados en presencia de sus dos hijos menores, sin orden judicial ni justificación pública.

Desde entonces, Mariana González ha denunciado repetidamente la desaparición forzada de su esposo. Aunque en algún momento se le comunicó que estaría detenido en el centro penitenciario Rodeo I, las autoridades han negado sistemáticamente su presencia allí o en otras instalaciones como El Helicoide o Plaza Venezuela.

El chavismo judicializa la política y criminaliza la disidencia

La condena a Tudares representa un nuevo hito en la radicalización judicial del chavismo , que ya no se limita a perseguir líderes opositores, sino que castiga a sus familias como método de amedrentamiento . La figura del terrorismo se utiliza como pretexto para eliminar jurídicamente a cualquier entorno vinculado con la transición democrática.

La defensa ha calificado el proceso como una “farsa jurídica” , y ha denunciado la falta absoluta de pruebas, testigos o evidencias materiales. El acusado, según sus abogados, permanece incomunicado, sin atención médica y sin protección de sus derechos fundamentales.

Silencio institucional e impunidad estructural

Organismos internacionales como la OEA y la UE aún no se han pronunciado oficialmente, pero crecen las voces que piden activar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos . El Foro Penal Venezolano y distintas ONG denuncian que en el país hay más de 280 presos políticos, muchos de ellos sin juicio formal desde hace años.

El caso de Tudares destaca por su conexión directa con el presidente electo, lo que convierte esta condena en un acto deliberado de intimidación política , cuyo objetivo es socavar la legitimidad democrática de González Urrutia, hoy reconocido por parte importante de la comunidad internacional.

Presión internacional creciente y señales de ruptura

Esta condena ocurre apenas días después del ultimátum emitido por el presidente Trump a Nicolás Maduro , y en plena escalada de presión sobre Caracas. Estados Unidos ha cerrado el espacio aéreo venezolano, designado al Cártel de los Soles como organización terrorista y movilizado activos militares en la región, mientras se ventilan escenarios de intervención selectiva .

El régimen chavista, lejos de ofrecer señales de apertura o moderación, opta por endurecer su aparato represivo. Esta sentencia es prueba de que Maduro no tiene intención de negociar, sino de resistir a toda costa, incluso violando el derecho internacional humanitario .

Cuando el poder castiga por apellido

La condena a Rafael Tudares no es solo un atentado contra los derechos humanos: es un mensaje mafioso del poder absoluto a la familia del presidente electo. Es también una confirmación trágica de que el régimen comunista de Venezuela ha perdido todo vínculo con la legalidad republicana y actúa ya como estructura criminal de Estado .Los demócratas en el exilio, los familiares de opositores y los ciudadanos que aún resisten en Venezuela merecen algo más que comunicados diplomáticos. Merecen respaldo, presión efectiva y consecuencias reales para quienes secuestran y torturan en nombre de una ideología fracasada .