La exalcaldesa de Clavijo del PP y dos agricultores han reconocido que participaron de forma concertada en la elaboración, modificación y presentación de documentos falsos, tanto oficiales como mercantiles, con el objetivo de simular una disponibilidad de superficie agraria para la plantación de viñedo nuevo. Esta actuación permitió a los agricultores obtener autorizaciones de viñedo por 20,5080 hectáreas, con un valor estimado entre 360.000 y 540.000 euros, en perjuicio de otros solicitantes con mejor derecho.

El juicio que estaba previsto hoy en la Audiencia Provincial para juzgar estos hechos ha sido de conformidad. Los tres acusados han aceptado las condenas acordadas tras ser aplicada por el Fiscal la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Los hechos se remontan a 2017.

Cada uno de los dos agricultores han aceptado 10 meses y 15 días de prisión por el delito continuado de falsificación intencionada de documentos oficiales y mercantiles cometidos por particulares, así como multa de 900 euros. Las penas de prisión han quedado suspendidas por un periodo de tiempo de 2 años.

La exalcaldesa de Clavijo, que permaneció en el cargo del 1999 al 2003 y del 2015 al 2019, ha aceptado 900 euros de multa y 6 meses de suspensión para empleo y cargo público por un delito de falsificación continuada imprudente de documentos oficiales y mercantiles cometidos por autoridad administrativa. 

Según el escrito del fiscal, el acusado R. L., junto con su hermano M. L., alteró contratos preexistentes relativos a parcelas del municipio de Clavijo, incorporando superficies inexistentes y generando nuevos anexos contractuales destinados a convencer a la Administración de que disponía de hasta 174 hectáreas de terreno. 

A ello se sumó la intervención de la entonces alcaldesa de Clavijo, quien emitió un informe oficial, en el que afirmaba que determinados recintos habían sido arrendados a una mercantil pese a conocer que tal extremo no era cierto. Este informe fue decisivo para superar los requerimientos administrativos y aparentar la legalidad de la solicitud de autorizaciones vitícolas.

En 2017 se confeccionó un falso contrato fechado en 2015, presentado en un procedimiento de revisión de oficio cuando ya existían dudas sobre la legalidad de las autorizaciones concedidas. Este documento simulaba un arrendamiento inexistente y fue suscrito por la entonces alcaldesa y por M. L. en nombre de la mercantil, incluyendo cláusulas destinadas a justificar la ausencia de pagos reales durante años. El fiscal en su escrito subraya que el contrato nunca fue liquidado ante Tributos, lo que refuerza su carácter artificioso.