La dirección nacional del PP ha dejado en manos de la presidenta de Balears, Marga Prohens, la decisión de celebrar un posible adelanto electoral tras el varapalo sufrido este martes por el Ejecutivo autonómico al ver tumbado su techo de gasto -un paso imprescindible para poder aprobar los presupuestos de 2026-, con los votos en contra de Vox y el conjunto de los grupos de izquierdas. La nueva crisis desatada entre populares y su socio de investidura vuelve a poner en riesgo la tramitación de las cuentas y abre una nueva fase de inestabilidad para el gobierno regional.

Al ser preguntada sobre si podrían convocarse comicios anticipados en comunidades en las que, como en el caso de Balears, la extrema derecha está poniendo trabas a la aprobación de los presupuestos del próximo año, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha derivado la responsabilidad a sus presidentes autonómicos, alegando que son quienes tienen la capacidad y la legitimidad jurídica para poder convocar elecciones.

Aun así, la diputada ha dejado claro a quién responsabiliza de la actual situación: “Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor: si favorecer gobiernos que no sean de izquierdas o jugar al juego del PSOE”.

En el archipiélago, la Cámara autonómica fue testigo de la caída del techo de gasto no financiero de la comunidad autónoma, contra el que se alzaron Vox y la izquierda entre acusaciones de ser -los conservadores- “un verdadero timo” y “una burda estafa”. Como en otras autonomías gobernadas en minoría por PP, al gabinete de Prohens no le están saliendo los números para sacar adelante sus terceros presupuestos de la legislatura, un hecho que el vicepresidente primero del Ejecutivo balear, Antoni Costa, foco de los reproches que los grupos lanzaron en la sesión de ayer, atribuyó a órdenes directas procedentes de las sedes nacionales de PSIB-PSOE y extrema derecha y no a “discrepancias técnicas ni divergencias económicas”.