Desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán en 2021 , cualquier interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en un acto perseguido.

La ley lo prohíbe salvo cuando hay riesgo grave para la vida de la gestante, una excepción que en la práctica casi nunca se aplica. Hospitales, médicos, enfermeras y parteras trabajan bajo vigilancia, inspecciones frecuentes y amenazas.

En ese escenario, la clandestinidad dejó de ser una opción marginal y se volvió el único camino para quienes enfrentan presiones familiares , violencia doméstica, embarazos no deseados o la posibilidad de ser expulsadas del hogar.

Hospitales niegan ayuda a mujeres que quieren abortar por miedo

Este es el caso de Bahara, quien estaba embarazada de cuatro meses cuando llegó a un hospital de Kabul supl

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