Las calles de Lima y Callao atraviesan una situación crítica derivada de la escalada de extorsiones y violencia ejercidas contra el transporte público. Grupos delictivos han impuesto un clima de temor que ha provocado la salida de cinco mil unidades formales, una cifra que profundiza el déficit de alternativas seguras para millones de usuarios de la capital. Esta crisis abre la puerta a alternativas informales y agrava la exposición al delito ante la ausencia de controles adecuados.

La tendencia al reemplazo de buses autorizados por vehículos irregulares es cada vez más notoria. Las autoridades reconocen la transporte sin regulación, mientras los operadores formales abandonan rutas y rutas enteras desaparecen. La inseguridad, que surge de la presencia de bandas organizadas, debilita

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