El Gobierno ha decidido pausar la auditoría sobre las pensiones por discapacidad en el país. Esta decisión se produce mientras se lleva a cabo una inspección interna de la ANDIS, el organismo encargado de gestionar estas pensiones, que fue intervenido tras la filtración de audios del exdirector Diego Spagnuolo. En estos audios, Spagnuolo admitía la existencia de una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de medicamentos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, tomó esta determinación y se reúne semanalmente con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para informar sobre el proceso de reordenamiento de la entidad. Hasta ahora, la ANDIS ha dado de baja a 128.667 beneficiarios que ingresaron al sistema con irregularidades. De estas bajas, 110.522 se debieron a pensiones mal otorgadas, 8.107 correspondían a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que renunciaron a la ayuda.

Manuel Adorni, vocero de la ANDIS, había anunciado anteriormente que este proceso abarcaría más de un millón de casos. Sin embargo, tras la publicación de los audios, se decidió no solo suspender la auditoría, sino también revisar las más de 120.000 bajas ya realizadas. Las autoridades han iniciado una investigación interna para detectar posibles irregularidades en la gestión de Spagnuolo.

Una fuente cercana a Lugones explicó: "Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que se centra en las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir". Durante este proceso, no se enviarán citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que reciben este beneficio por invalidez laboral.

Además, no se implementará la propuesta de transformar la ANDIS en un área dentro del Ministerio de Salud, lo que había sido considerado para aumentar la transparencia en las licitaciones. Actualmente, la ANDIS, como organismo descentralizado, maneja su propio presupuesto y puede realizar compras sin la supervisión del Ministerio de Salud.

Una de las dificultades para realizar cambios en la agencia es que el Gobierno no cuenta con las facultades administrativas que existían bajo la Ley Bases, lo que obligaría a que cualquier modificación pase por el Congreso. En el Senado, la oposición ha desactivado un veto del Poder Ejecutivo y ha insistido en la ley que declara la emergencia en discapacidad, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Esta norma también reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles y compensaciones económicas.

La decisión fue aprobada con 63 votos a favor, incluyendo apoyo del kirchnerismo, radicales, macristas y bloques provinciales, y solo siete votos en contra. El presidente Javier Milei ha expresado su preocupación, argumentando que esta medida afecta el equilibrio fiscal y planea judicializar la cuestión para evitar los aumentos previstos.