El pacto de facto que sostiene al régimen de Dina Boluarte con Fuerza Popular, APP y Perú Libre ha debilitado enormemente las instituciones democráticas.

El recorte del 10% al presupuesto del Ministerio Público ilustra lo anterior con crudeza. La entidad llamada a investigar la corrupción y el crimen organizado -ambos problemas muy prioritarios que afectan a los ciudadanos de a pie- carece de recursos para perseguir el delito.

En lugar de dotarla de mayores recursos para enfrentar un país desbordado por la violencia, el sicariato y la extorsión, el gobierno y su coalición parlamentaria prefieren dejarla atada de manos. La lógica es perversa, ya que mientras se reduce la capacidad de investigación, se consolidan las redes políticas que garantizan impunidad.

En el ínterin de la asfixia al

See Full Page