El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha expresado su firme rechazo a la solicitud de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca. Esta medida se enmarca en una investigación del Ministerio Público por presunto cohecho, que también involucra a la fiscal Marita Barreto.

La controversia se origina a partir de las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Girao afirmó que Barreto habría solicitado a los periodistas que publicaran información negativa sobre Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación. Sin embargo, tanto Cruz como Prado han negado cualquier implicación en estos hechos. Girao, posteriormente, admitió que no presenció ningún acto ilícito, lo que debilita la base de la investigación.

El CPP ha calificado la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones como una "irregularidad" y un "abuso" que pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. En su pronunciamiento, el CPP advirtió que este tipo de medidas se están normalizando en Perú, lo que podría interpretarse como una forma de venganza y persecución.

"Que un fiscal solicite una publicación a un periodista no es un acto delictivo, ya que el periodista no tiene control sobre lo que su interlocutor dice. Sin embargo, aceptar tal pedido podría considerarse una falta ética, algo que Cruz y Prado han rechazado", señalaron desde el CPP.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció sobre el asunto, enfatizando que, incluso si las acusaciones de Girao fueran ciertas, no justificarían la apertura de una investigación por cohecho contra los periodistas ni el levantamiento de sus comunicaciones privadas. IPYS subrayó que su objetivo no es generar impunidad para los periodistas, sino garantizar que su labor informativa cuente con las protecciones necesarias frente a medidas arbitrarias.

Ambas organizaciones han manifestado su preocupación por lo que consideran una tendencia creciente de intimidación hacia los periodistas en Perú. Alertan que involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede ser una forma de presión institucional, lo que podría afectar la independencia de la prensa y, en última instancia, la calidad de la democracia.