La reciente restitución de EPS Sanitas al Grupo Keralty, tras el fallo de la Corte Constitucional que revocó la intervención estatal, ha dado lugar a un reclamo público de la compañía al Gobierno colombiano.

Keralty exige el cumplimiento inmediato e integral de la decisión judicial, la reparación de los daños ocasionados durante los 17 meses de administración estatal y la adopción de medidas que garanticen la estabilidad financiera y eviten la repetición de intervenciones similares.

La empresa sostiene que la intervención, calificada por ellos como “ilegal y devastadora”, dejó secuelas profundas en el sistema de salud y en millones de usuarios.

En un manifiesto titulado “Un grito por la verdad, la justicia y la reconstrucción”, Keralty instó al Ejecutivo a asumir responsabilidades y a

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