La Contraloría General de la República alertó sobre una grave situación administrativa y financiera en la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial que recaudó información de la entidad entre 2022 y el primer semestre de 2025, que puso al descubierto presuntas irregularidades que comprometen su liquidez y sostenibilidad.

El ente de control adelantó la actuación en julio de 2025 para obtener información técnica, administrativa, jurídica y financiera que no estaba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud, y ante la falta de estados financieros certificados de la EPS.

El análisis preliminar de 4.524 archivos recaudados evidenció falencias en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.

La investigación detectó un crecimiento

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