La reciente decisión del Poder Judicial de inaplicar la Ley de Amnistía para exmilitares ha desatado un intenso debate legal en Perú. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, bajo la dirección del juez Leodan Cristóbal Ayala, tomó esta medida el pasado lunes en relación con ocho exmiembros del Ejército acusados de abuso de autoridad, tortura y abuso sexual contra 15 comuneros en las provincias de Antabamba y Chumbivilcas, hechos ocurridos en 1990.

La inaplicación de esta ley, promulgada en agosto por el Ejecutivo, ha generado críticas, especialmente del primer viceministro del Congreso, Alejandro Rospigliosi, quien ha solicitado sanciones para los jueces que no acaten la normativa. En este contexto, RPP entrevistó a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, y a Diego Pomareda, abogado constitucionalista, para analizar si los jueces incurrieron en alguna falta.

Ernesto Blume expresó que, desde su perspectiva, la decisión del Poder Judicial "no está correcta". Argumentó que "el juez no está habilitado constitucionalmente a ejercer el control de convencionalidad". Según Blume, el artículo 138 de la Constitución establece que los jueces pueden preferir la Constitución sobre normas de inferior jerarquía, pero no habilita el control de convencionalidad, que es una figura establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "La Ley de Amnistía protege el derecho al plazo razonable de los denunciados", añadió Blume, quien también destacó que muchos de estos casos han estado sin investigar durante casi 40 años.

Por otro lado, Diego Pomareda discrepó con Blume y defendió la decisión del juez. "Hizo bien el juez en inaplicar la normativa", afirmó Pomareda, quien espera que otros jueces sigan este ejemplo en casos similares. El abogado subrayó que la Constitución peruana y los tratados internacionales exigen que los derechos fundamentales sean interpretados de acuerdo con estándares internacionales. "No es posible establecer amnistías para encubrir transgresiones a derechos fundamentales", concluyó Pomareda, enfatizando que el Estado peruano tiene responsabilidades internacionales que debe cumplir.