La Municipalidad de Lima, a través de Prolima, se enfrenta a una inesperada interrupción en sus excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico. El Ministerio de Cultura, a solicitud del Palacio de Gobierno, ha declarado nulos los permisos previamente otorgados para estas intervenciones. Esta decisión obliga a detener los trabajos en la Alameda Chabuca Granda, en los sectores 1 y 2, en un plazo de 15 días.

La medida ha reabierto un intenso debate sobre dos prioridades del Estado: la seguridad de la Presidencia de la República y la conservación del patrimonio histórico. Por un lado, la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno argumenta que las excavaciones alteran la zona de protección del Palacio y generan riesgos logísticos. Por otro lado, Prolima advierte que la suspensión de los trabajos podría llevar al deterioro de estructuras históricas vinculadas a la fundación de Lima.

El Ministerio de Cultura ha declarado parcialmente nulas las resoluciones que autorizaban a Prolima a llevar a cabo el "Proyecto de investigación arqueológica, conservación y puesta en valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima". Esta decisión se basa en un informe de la Secretaría de Seguridad que señala riesgos críticos para la presidenta y otras autoridades, además de advertir que las excavaciones afectan el perímetro de 500 metros de seguridad establecido por la Policía Nacional.

El informe también indica que las obras reducen el ancho de la vía a seis metros, complicando el tránsito en una zona de alta circulación y generando vulnerabilidad durante visitas oficiales o eventos internacionales. Según el Ministerio de Cultura, su competencia no incluye la evaluación de riesgos de seguridad presidencial, lo que lo llevó a aplicar la nulidad de los permisos conforme a la Ley N° 27444.

Desde la Municipalidad de Lima, la reacción fue rápida. Carlos Vega, subgerente de Prolima, calificó la decisión como un golpe a la investigación arqueológica y al patrimonio de la capital. "La posición de Palacio tiene tres fundamentos poco válidos. Es un tema de seguridad y gestión de riesgos respecto al desplazamiento de la presidenta, lo cual no se está vulnerando en absoluto, ya que el tránsito vehicular no se ha restringido", afirmó.

Vega también cuestionó el argumento sobre las operaciones aéreas desde el helipuerto del Palacio, señalando que este espacio está más cerca del río Rímac, que tiene una mayor profundidad. Prolima sostiene que actuó conforme a los permisos otorgados y que presentó informes técnicos al Ministerio de Cultura, explicando que las excavaciones no alteraban la seguridad ni los accesos.

La situación ha generado un conflicto entre dos instituciones del Ejecutivo, cada una con visiones opuestas sobre la misma intervención en un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.