El suroeste colombiano, particularmente el Cañón del Micay en el departamento del Cauca, se ha convertido en un epicentro estratégico para la producción y tráfico de cocaína, bajo el control —de facto— de la facción disidente de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC). Este territorio remoto, montañoso y de difícil acceso, ha sido llamado por el presidente Gustavo Petro “la gran bolsa internacional de la cocaína”.
Desde 2024, el gobierno ha venido impulsando una estrategia dual: por un lado, acción militar —la denominada “Operación Perseo”— para desplazar a los grupos armados y recuperar el control territorial; por otro, promesas fuertes de inversión social para mejorar infraestructuras, ofrecer alternativas productivas legales a los campesinos y llevar servicios básico