La Junta ha remitido al Parlamento el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía para su debate y aprobación definitiva. El objetivo de la norma es claro: facilitar suelo y acelerar la construcción de vivienda asequible . El texto crea un inventario único de vivienda pública, fija áreas prioritarias con ayudas al alquiler y refuerza la lucha contra la okupación ilegal .

Según la consejera de Vivienda, Rocío Díaz , con el suelo que ya han ofrecido los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes se podrían levantar casi 40.000 viviendas protegidas . En total, 49 municipios «de todo signo político» se han apuntado al cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a vivienda protegida previsto en el Decreto-ley 1/2025. «Sabemos que hay más. Es una buena noticia, pero no nos podemos parar aquí», ha afirmado Díaz. De momento son 630 bolsas de suelo que suman 136 hectáreas (1.360.000 de m²). El plazo para que más ayuntamientos se adhieran expira en febrero de 2026. La Junta prepara un portal público para consultar esas bolsas de suelo.

El texto refuerza la colaboración público-privada mediante concesiones y subvenciones para ampliar el parque residencial a precio asequible. También crea «áreas prioritarias» donde concentrar ayudas al alquiler, a la compra y a la promoción o rehabilitación.

Para ordenar y sacar partido al parque existente, la ley prevé un inventario único de vivienda pública –Junta, ayuntamientos y promotores– y una Comisión Técnica de Calidad para impulsar la construcción industrializada. Habrá planes de rehabilitación integral de barriadas y medidas contra las infraviviendas .

En materia de convivencia , el proyecto incorpora mecanismos de información y asesoramiento en casos de desahucios, y medidas frente a okupación ilegal y sobreocupación, dentro del marco competencial autonómico. Recupera como ley varias medidas urgentes del decreto vigente –como aumentos de densidad y edificabilidad a cambio de protección– salvo las temporales de cinco años.

La norma simplifica el laberinto administrativo actual y deroga cuatro leyes: la de Vivienda Protegida de 2005, la del Derecho a la Vivienda de 2010, la de Función Social de la Vivienda de 2013 y la de Tanteo y Retracto de 2018. La Unidad Aceleradora de Proyectos estudia ya cuatro iniciativas estratégicas de vivienda al amparo del nuevo marco.