«Esta decisión significa un retroceso gravísimo para el sistema educativo argentino y un ataque directo a la universidad pública, gratuita e inclusiva, que constituye un pilar fundamental del desarrollo social, científico y productivo de nuestro país», aseguraron desde el gremio que encabeza Guillermo Spina.

«El financiamiento estable y sostenido de nuestras universidades no es un privilegio, es un derecho que garantiza igualdad de oportunidades y acceso a la formación superior de miles de jóvenes en todo el territorio nacional. Vetar esta norma es condenar a nuestras instituciones al desfinanciamiento, la precarización y la pérdida de calidad académica», agrega Spina en comunicado.

Finalmente, reiteró su «compromiso con la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles

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